La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado, luego de que el propio acusado confesara los delitos ante la Justicia. Sin embargo, tras la sentencia, las familias de las víctimas recibieron una noticia que profundizó la conmoción y el malestar: Santi no cumple la pena en una unidad penitenciaria, sino bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Según trascendió, y de acuerdo a la denuncia presentada por una ONG, el beneficio fue concedido luego de que una pericia médica privada indicara que el condenado padece un “cuadro de depresión”. Esta situación generó indignación y preocupación entre los familiares de las víctimas, quienes cuestionan la decisión judicial y expresan temor por las consecuencias que podría tener.
El caso volvió a instalar el debate sobre los criterios para otorgar beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y el impacto que estas resoluciones tienen en las víctimas y su entorno.
