Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Nicolás Turano solicitaron el procesamiento del vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Guillermo Sánchez Torres, y de la presidenta del organismo, Graciela Montesi, en el marco de una causa de fuerte impacto institucional.
Además, los representantes del Ministerio Público pidieron que Sánchez Torres cumpla arresto domiciliario, al considerar que podría interferir en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, la medida no podría hacerse efectiva mientras el magistrado mantenga la inmunidad de arresto que le otorga su cargo.
El requerimiento, presentado ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, se extiende por casi cien páginas e incluye acusaciones por presunto abuso de autoridad y lesiones graves calificadas en un contexto de violencia de género.
Para que pudiera concretarse una detención, debería avanzar previamente un proceso de remoción aprobado por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Sospechas por la integración de la Cámara
Uno de los puntos centrales de la investigación se relaciona con la presunta manipulación de la conformación de las salas de la Cámara Federal de Córdoba.
Según la acusación, Sánchez Torres y Montesi, quienes mantienen una relación de pareja, habrían intervenido conjuntamente en un expediente por evasión tributaria vinculado con exdirectivos de la cerealera Bunge.
Los fiscales sostienen que, para lograr esa integración, habría sido desplazada la camarista Liliana Navarro, quien debía participar como jueza subrogante.
La maniobra habría tenido como finalidad garantizar decisiones favorables para los acusados. Por estos hechos, Sánchez Torres y Montesi fueron señalados como presuntos coautores del delito de abuso de autoridad, por el supuesto dictado de resoluciones contrarias al régimen de subrogancias.
Denuncian hostigamiento contra una funcionaria
El segundo eje de la causa está relacionado con el presunto hostigamiento sufrido por la secretaria penal Celina Laje Anaya, subordinada de Sánchez Torres.
De acuerdo con el planteo fiscal, la funcionaria se habría negado a confeccionar un certificado destinado a respaldar la integración cuestionada de la Cámara en el expediente relacionado con Bunge.
A partir de esa negativa, Sánchez Torres habría iniciado una serie de maltratos, humillaciones y quita de funciones que afectaron gravemente la salud de la trabajadora.
La acusación sostiene que la mujer sufrió ataques de pánico, cuadros de hipertensión y debió tomar licencias psiquiátricas prolongadas. Por este motivo, el camarista fue imputado por presuntas lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.
Los fiscales consideraron que el deterioro de la salud de la víctima habría sido provocado por una sucesión de conductas de hostigamiento que le impidieron trabajar durante más de un mes.
El pedido de arresto domiciliario
Hairabedián y Turano también advirtieron sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. En la causa se habrían denunciado presiones sobre testigos y distintas maniobras destinadas a influir en el expediente.
Ante esta situación, solicitaron que Sánchez Torres permanezca bajo arresto domiciliario. De todos modos, la medida quedaría supeditada a una eventual intervención del Consejo de la Magistratura y al levantamiento de sus fueros.
Actualmente existen cuatro denuncias contra Sánchez Torres y Montesi ante el Consejo de la Magistratura, que son analizadas por la Comisión de Disciplina.
Pese a las imputaciones y a los pedidos de procesamiento, ambos magistrados continúan ejerciendo sus funciones, firmando resoluciones y participando de las decisiones de la Cámara Federal de Córdoba.
