El Juzgado Federal de Córdoba N.º 1 resolvió la situación procesal de varios imputados en la causa caratulada “Imputado: Pizzi, Mauricio Andrés y otros s/infracción Ley 24.769” , expediente FCB 8191/2020, vinculado con una investigación por presuntas maniobras de evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y asociación ilícita fiscal.
La resolución fue dictada el 3 de septiembre de 2026 por el juez federal subrogante Carlos Arturo Ochoa, con la intervención de la Secretaría Penal a cargo de Facundo Troncoso.
Cinco sobreseimientos
El tribunal hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso el sobreseimiento de:
María Florencia Alisio.
Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio.
Juan Pablo Alisio.
Domingo José Benso.
Miguel Ángel Montali.
En el caso de Alisio, Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, la imputación estaba vinculada con el delito de alteraciones dolosa de registros fiscales , en calidad de coautores. Respecto de Benso y Montali, la acusación se relacionaba con el delito de asociación ilícita fiscal .
El juez demostró que el dictamen fiscal se encontraba debidamente fundamentado en la prueba reunida y que no existían elementos suficientes para sostener las imputaciones contra esas personas. El sobreseimiento fue dictado conforme al artículo 336, inciso 4, del Código Procesal Penal de la Nación, referido a la inexistencia de delito cometida por el imputado oa la imposibilidad de sostener su participación.
La investigación
La causa tuvo como eje una presunta estructura dedicada a la creación de contribuyentes sin capacidad económica, patrimonial u operativa, que luego habrían sido utilizadas para emitir comprobantes electrónicos apócrifos.
Según los informes incorporados al expediente, la investigación analizó la emisión de millas de comprobantes y la utilización de distintas direcciones IP para operar en los sistemas fiscales. La hipótesis investigada sostenía que esas facturas pudieran generar créditos fiscales y gastos ficticios, con el objetivo de reducir las obligaciones correspondientes al IVA y al impuesto a las Ganancias.
También se investigó una presunta maniobra de simulación dolosa de pagos , consistente en la rectificación irregular de declaraciones juradas de IVA para generar saldos a favor y compensar deudas impositivas posteriores.
La resolución menciona que, durante la pesquisa, se detectaron 8.368 comprobantes electrónicos por un importe aproximado de 500 millones de pesos, además de pagos impositivos presuntamente simulados por más de 32 millones de pesos. El expediente también señala que el universo total de facturación electrónica analizado por la AFIP superaba los 1.022 millones de pesos.
Fundamentos sobre cada imputado
Respecto de Miguel Ángel Montali, la Fiscalía sostuvo que, aunque algunos contribuyentes investigados eran clientes de su estudio contable y existían coincidencias entre domicilios e IP, no se había podido acreditar su intervención concreta en la emisión, intercambio o administración de las facturas cuestionadas. Tampoco se encontraron escuchas, documentos o archivos digitales que demostraran que hubiera instrumentado o conocido la maniobra.
En relación con Domingo José Benso, el tribunal valoró especialmente la información aportada por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto. Según ese informe, la dirección IP relacionada con los hechos funcionaba como una puerta de entrada común para numerosos abonados, lo que impedía identificar al usuario particular que se conectó en los horarios en que se emitieron las facturas. La resolución concluyó que la vinculación de Benso con esa IP se explicaba por su condición de representante de la cooperativa y no permitía atribuirle participación delictiva.
En cuanto a María Florencia Alisio, Nancy Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, la Fiscalía consideró que la administración efectiva de las sociedades que operaban en el domicilio investigado estaba a cargo de Oscar Alfredo Alisio, fallecido el 9 de noviembre de 2018. Además, se destacó que la sociedad Leum Distribuciones S.A. fue constituida el 26 de marzo de 2019, con posterioridad al período en que se habrían emitido las facturas cuestionadas.
Acción penal extinguida por fallecimiento
La resolución también dispuso el sobreseimiento de César Orlando Zibechi, Hermes Inocencio Dupraz y Oscar Alfredo Alisio, debido a la extinción de la acción penal por fallecimiento.
El tribunal aplicó el artículo 59, inciso 1, del Código Penal y el artículo 336, inciso 1, del Código Procesal Penal de la Nación. Las fechas de fallecimiento consignadas fueron:
Hermes Inocencio Dupraz: 16 de junio de 2018.
Oscar Alfredo Alisio: 9 de noviembre de 2018.
César Orlando Zibechi: 30 de agosto de 2021.
Los tres estaban vinculados a la imputación por alteración dolosa de registros fiscales.
Levantamiento de la prohibición de salida del país
Como consecuencia de los sobreseimientos, el juzgado ordenó levantar la prohibición de salir del país que pesaba sobre María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio, Juan Pablo Alisio, Domingo José Benso y Miguel Ángel Montali.
La resolución aclaró además que los sobreseimientos fueron dictados dejando a salvo el buen nombre y honor de las personas involucradas, conforme lo establece el artículo 336, inciso final, del Código Procesal Penal de la Nación.
