El juicio por la muerte de Aralí Vivas atraviesa una instancia decisiva en los Tribunales de San Francisco. Este miércoles 30 de septiembre se lleva adelante la última audiencia prevista antes de un cuarto intermedio, mientras que para el próximo 8 de octubre están programados los alegatos y podría conocerse la sentencia.
El proceso se desarrolla ante la Cámara del Crimen y Correccional de San Francisco, con participación de jurados populares. Las audiencias se realizan a puertas cerradas debido a las características de la causa y los delitos investigados.
En el banquillo de los acusados se encuentran Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí; Ezequiel Matías Simeone, quien era su pareja; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone. Los tres permanecen detenidos en la ciudad de Córdoba mientras avanza el proceso judicial.
Una causa por abuso y homicidio
Aralí tenía 8 años y vivía en Brinkmann. La niña fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, que había sido incendiada intencionalmente. La investigación determinó que presentaba signos de abuso sexual previo.
La causa fue instruida por el fiscal de Morteros Francisco Paygés y posteriormente elevada a juicio.
De acuerdo con la acusación, los imputados enfrentan cargos vinculados con abuso sexual agravado y homicidio calificado, bajo distintas circunstancias agravantes atribuidas por la Fiscalía, entre ellas la participación de más de una persona, el vínculo, la violencia de género y la figura de criminis causa. A Simeone también se le atribuye el delito de incendio.
El 8 de octubre, una jornada clave
Una vez finalizada la audiencia de este miércoles, el debate ingresará en un cuarto intermedio hasta el jueves 8 de octubre.
Para esa jornada está previsto que las partes presenten sus alegatos ante el tribunal y los jurados populares. Tras esa instancia, podría conocerse el veredicto y, eventualmente, la sentencia.
Por la calificación legal sostenida por la acusación, los delitos atribuidos contemplan la posibilidad de prisión perpetua en caso de que se determine la responsabilidad penal de los acusados en los términos planteados por la Fiscalía.
