Desde este sábado entró en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce importantes modificaciones en el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes.
Uno de los cambios centrales es la edad de imputabilidad. Con el nuevo esquema, los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser sometidos a un proceso penal cuando se les atribuya la comisión de delitos contemplados por la legislación.
Hasta ahora, el régimen que se encontraba vigente desde 1980 establecía la inimputabilidad para los menores de 16 años.
Un sistema diferente al de los adultos
La reducción de la edad no implica que los adolescentes sean juzgados bajo las mismas condiciones que una persona mayor de edad.
La normativa establece un régimen especial para quienes tengan entre 14 y 18 años, con procedimientos, medidas y sanciones específicas que deberán contemplar su edad y apuntar también a la educación, reinserción e integración social.
Entre las principales disposiciones aparece la prohibición de imponer prisión o reclusión perpetua. En los casos que contemplen privación de la libertad, la pena máxima será de 15 años.
También se prevé la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se reúnan las condiciones establecidas.
No todos los casos terminarán con prisión
El nuevo régimen contempla diferentes herramientas alternativas a la privación de la libertad.
Dependiendo de las características del hecho y de la situación del adolescente, podrán establecerse reglas de conducta, prohibiciones de acercamiento, reparación del daño causado, actividades educativas o comunitarias y amonestaciones.
En determinados casos también podrá disponerse la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de las medidas judiciales.
Dónde serán alojados
Cuando la Justicia determine que corresponde una medida de privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos específicamente destinados a menores y bajo la supervisión de personal especializado.
La legislación establece que no podrán compartir espacios de detención con adultos.
Entre las modalidades previstas se encuentran establecimientos especializados, institutos abiertos y, para determinadas situaciones, el arresto domiciliario.
Otro punto que se mantiene es la protección de la identidad de los menores involucrados en causas penales. No podrán difundirse nombres, fotografías, apodos, domicilios ni otros datos personales o familiares que permitan reconocerlos.
Las víctimas tendrán mayor participación
La reforma también introduce cambios respecto del rol de quienes resulten víctimas de delitos.
Podrán participar del proceso judicial y acceder a información relacionada con el avance de las causas.
Además, el nuevo régimen contempla la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de hechos ilícitos atribuidos a niños y adolescentes sometidos a un proceso penal.
El desafío de implementar el nuevo sistema
La puesta en marcha abre ahora una nueva etapa para los sistemas judiciales provinciales, que deberán adecuar procedimientos, infraestructura y recursos humanos.
Entre los puntos que aparecen como desafío se encuentran la disponibilidad de establecimientos adecuados, dispositivos de monitoreo electrónico, profesionales especializados y la coordinación entre la normativa nacional y los procedimientos de cada jurisdicción.
Para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil se estableció una partida presupuestaria superior a los 23.739 millones de pesos.
Desde este sábado, el nuevo esquema modifica así uno de los puntos más discutidos del sistema penal argentino: la edad desde la cual un adolescente puede responder penalmente por la comisión de un delito.
