Según surge del escrito, los impulsores de la iniciativa sostienen que durante algunos operativos se producen retenciones, requisas y secuestros de vehículos sin orden judicial ni la existencia de un delito flagrante, por lo que consideran que se vulneran derechos y garantías constitucionales.
En la presentación argumentan que estas prácticas afectan el derecho de propiedad, la libertad de circulación, la presunción de inocencia y la privacidad. También sostienen que los controles tienen un fin meramente recaudatorio y, por ese motivo, solicitarán que la Justicia declare la inconstitucionalidad de los procedimientos cuestionados.
Como parte del planteo, pedirán además que se ordene la devolución de los vehículos retenidos sin el cobro de multas, tasas o gastos de estadía. Asimismo, dejarán planteada la reserva del caso federal y la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en caso de que el reclamo no prospere en la Justicia argentina.
Una vez presentada la demanda, será la Justicia la que deberá resolver si admite el amparo colectivo y si hace lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos.
