El juicio por la muerte de Yuliana Chevalier, la joven de 20 años fallecida en agosto de 2017 en barrio La Milka de San Francisco, tuvo este miércoles un giro que podría modificar completamente la situación judicial de Alejandro Lovera, expolicía santafesino y pareja de la víctima.
Lovera llegó al debate acusado de homicidio culposo y en libertad. Sin embargo, durante la segunda audiencia, la fiscal de Cámara Consuelo Aliaga planteó la existencia de un “hecho diverso” y pidió que el actual proceso quede sin efecto para avanzar hacia un nuevo juicio por una figura considerablemente más grave: homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
En caso de una eventual condena bajo esa calificación, la pena prevista es prisión perpetua.
Pero el planteo genera inmediatamente una pregunta: ¿cómo puede Lovera llegar a enfrentar una acusación por femicidio si las pericias indican que fue Yuliana quien tomó el arma y se disparó?
La respuesta está en el cambio de interpretación que la Fiscalía realiza sobre los acontecimientos que precedieron a la muerte.
De una imprudencia a una posible conducta dolosa
La acusación con la que Lovera llegó originalmente al juicio ponía el foco fundamentalmente en el manejo de su arma reglamentaria.
La hipótesis era que, siendo policía y conociendo perfectamente los riesgos, dejó una pistola cargada al alcance de Yuliana. Durante una discusión, la joven tomó el arma y efectuó el disparo que posteriormente provocó su muerte.
Desde esa perspectiva, la responsabilidad atribuida a Lovera era culposa: no habría querido provocar la muerte ni aceptado que ocurriera, pero habría actuado de manera negligente al permitir el acceso de Yuliana al arma.
Lo ocurrido durante el juicio abrió para la Fiscalía una mirada diferente.
Los testimonios incorporados al debate describieron un presunto contexto previo de violencia física y psicológica, celos, control, aislamiento y amenazas dentro de la relación.
También surgieron referencias al consumo de drogas y testimonios según los cuales Lovera habría permitido anteriormente que Yuliana manipulara su arma e incluso le habría enseñado a utilizarla.
Esos elementos llevaron a la fiscal Aliaga a considerar que el análisis no debería comenzar únicamente en el momento en que Yuliana tomó la pistola.
La pregunta ahora es cómo llegó Yuliana hasta ese momento
Este es posiblemente el punto central del nuevo planteo.
La primera acusación podía resumirse en una secuencia relativamente sencilla: Lovera dejó negligentemente un arma cargada, Yuliana la tomó y se disparó.
La nueva hipótesis pretende retroceder varios pasos.
La Fiscalía busca analizar si existió previamente un contexto de violencia, control y sometimiento; cuál era el estado de vulnerabilidad de Yuliana; qué conocimiento tenía Lovera de esa situación; qué ocurrió durante la discusión; por qué el arma estaba disponible y qué posibilidades concretas tenía el acusado de impedir el desenlace.
Dicho de otra manera, no estaría cambiando necesariamente quién efectuó materialmente el disparo, sino a quién puede atribuirse jurídicamente el resultado final y bajo qué grado de responsabilidad.
¿Qué papel podría tener el dolo eventual?
Otro concepto que aparece alrededor de la discusión es el denominado “dolo eventual”.
No significa necesariamente demostrar que una persona buscaba deliberadamente la muerte de otra.
En términos simplificados, existe dolo eventual cuando alguien advierte concretamente la posibilidad de que su conducta provoque determinado resultado grave y, pese a ello, continúa actuando o acepta ese riesgo.
La diferencia con la culpa es fundamental.
Una cosa sería sostener que Lovera nunca imaginó que Yuliana podía dispararse, pero que por una negligencia grave dejó su arma cargada a su alcance.
Otra muy diferente sería demostrar que conocía concretamente el riesgo de que aquello ocurriera y, pese a tener posibilidades de intervenir, permitió que la situación continuara.
Para sostener esta segunda alternativa, la Fiscalía necesitará pruebas considerablemente más fuertes.
La condición de policía de Lovera también podría adquirir relevancia. No se trataba de una persona desconocedora del funcionamiento o peligrosidad de un arma de fuego: por su profesión conocía sus características y consecuencias.
Sin embargo, eso por sí solo tampoco transforma una negligencia en un homicidio doloso. Será necesario determinar qué sabía Lovera acerca del estado de Yuliana y del riesgo concreto existente en aquellos instantes.
La violencia de género cambia la mirada sobre el disparo
El otro elemento fundamental del planteo es el contexto de violencia que describieron distintos testigos durante el juicio.
La Fiscalía pretende que el instante final no sea observado como un acontecimiento aislado, sino como parte de una relación que, según los testimonios incorporados al debate, habría estado atravesada por diferentes formas de violencia.
La pregunta pasa entonces a ser mucho más profunda:
¿Yuliana tomó una decisión autónoma, imprevisible para Lovera, o el disparo constituyó el desenlace de una situación de violencia y vulnerabilidad que él contribuyó a generar, conocía y tenía posibilidades de impedir?
La respuesta a esa pregunta puede modificar completamente la responsabilidad penal.
Hay antecedentes en Córdoba
La discusión no es completamente novedosa para la Justicia argentina.
Existen antecedentes en los cuales una persona fue responsabilizada penalmente por una muerte aunque materialmente haya sido la propia víctima quien realizó el acto que terminó con su vida.
Uno de ellos es el caso de Sathya Insaurralde, en Córdoba. La joven se disparó, pero la Justicia vinculó su muerte con los abusos sexuales que había sufrido durante años y su padre fue condenado a prisión perpetua.
Otro antecedente cordobés presentó una situación similar: una joven se quitó la vida con un arma luego de años de abusos. La Justicia entendió que la conducta previa del acusado había sido determinante para el desenlace.
También adquirió notoriedad el caso de Luana Ludueña. Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de Córdoba, fue condenado a prisión perpetua luego de que la Justicia considerara que existía una vinculación entre el abuso sexual sufrido por la joven y su posterior suicidio.
Los casos presentan importantes diferencias con el de Yuliana y no permiten anticipar cuál sería el resultado de un eventual nuevo juicio. Sin embargo, muestran un concepto relevante: que la víctima haya realizado materialmente la acción que provoca su muerte no impide, por sí solo, analizar si existe responsabilidad penal de otra persona por ese resultado.
Tampoco alcanza con demostrar que existía violencia
Este punto resulta fundamental.
La existencia de violencia de género dentro de una pareja no convierte automáticamente en homicidio la posterior muerte autoinfligida de una víctima.
Para avanzar hacia una responsabilidad de semejante gravedad será necesario establecer un nexo entre las conductas atribuidas a Lovera y la muerte de Yuliana.
Precisamente allí puede encontrarse una de las principales discusiones de un eventual nuevo juicio.
La defensa podría sostener que Yuliana tomó el arma y realizó una acción propia que Lovera no quiso, no provocó y no podía prever o evitar.
La Fiscalía, en cambio, deberá demostrar que ese acto no puede analizarse separado del contexto anterior y que Lovera tuvo una responsabilidad jurídicamente atribuible en el resultado.
Lovera estaba presente cuando ocurrió el disparo
Existe además una diferencia relevante respecto de algunos de los antecedentes mencionados.
En el caso Yuliana, Lovera estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho y el arma utilizada era su pistola reglamentaria.
Por eso podrían resultar determinantes cuestiones muy concretas: qué sucedió durante los minutos anteriores al disparo, cuál era el estado de Yuliana, qué hizo Lovera cuando apareció el arma, qué conocimiento tenía sobre el peligro existente, si tuvo una posibilidad real de intervenir y qué conducta asumió antes y después del disparo.
Son cuestiones que podrían resultar decisivas para establecer si se trató de una negligencia o si puede existir una responsabilidad penal mucho más grave.
La carátula todavía no cambió definitivamente
Existe finalmente una aclaración procesal importante.
El planteo realizado por la fiscal Aliaga no significa que Lovera haya sido condenado por femicidio ni que automáticamente haya quedado establecida esa nueva calificación legal.
La representante del Ministerio Público planteó un “hecho diverso” y solicitó que el actual proceso quede sin efecto para avanzar posteriormente hacia un nuevo juicio bajo la acusación de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
También pidió la detención de Lovera ante un eventual riesgo de fuga.
La decisión deberá ser adoptada por el tribunal luego de escuchar los argumentos de las partes.
De prosperar el planteo, Lovera pasaría de haber llegado a juicio en libertad y acusado de un delito culposo a enfrentar un nuevo proceso por uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal argentino, con una posible pena de prisión perpetua.
El disparo que terminó con la vida de Yuliana sigue siendo el mismo. Lo que cambió durante el juicio es la pregunta que intenta responder la Justicia: ya no solamente quién accionó el arma, sino qué ocurrió para que Yuliana llegara hasta ese momento y qué responsabilidad pudo haber tenido Lovera en ese desenlace.
