La presentación fue impulsada por la fiscal Juliana Companys, quien solicitó formalmente la apertura de una investigación jurisdiccional contra un colega ante el Juzgado de Control a cargo de María Soledad Dottori. El planteo se encuadra en el artículo 341 del Código Procesal Penal, un mecanismo especial previsto para investigar a magistrados.
Según trascendidos judiciales, el funcionario apuntado sería el fiscal René Bosio, aunque desde Tribunales se mantiene un fuerte hermetismo y no hubo confirmación oficial sobre su identidad.
De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, la denuncia describe un presunto entramado sostenido en el tiempo que incluiría la manipulación de expedientes, el favorecimiento de imputados y la intervención irregular en procesos judiciales, con la posible participación de abogados y otros actores del ámbito judicial.
Además, se indicó que existiría material probatorio relevante, entre ellos testimonios de policías y letrados, registros fílmicos y conversaciones de WhatsApp. Incluso, la persona denunciante se encuentra bajo custodia policial ante el temor de represalias.
Por el momento, Companys evitó brindar detalles públicos sobre la presentación, limitándose a confirmar su existencia. En paralelo, la fiscal también atraviesa distintas denuncias administrativas en su contra, lo que agrega tensión al escenario judicial local.
El caso podría escalar institucionalmente si la investigación avanza, ya que no se descarta una eventual intervención legislativa, en un contexto donde ya se desarrollan procesos de jury contra fiscales en la provincia.
La causa recién comienza, pero el impacto ya genera fuerte preocupación en el ámbito judicial de Villa María.
